Dependencias Sujetas a la ley de obras Públicas

El presente trabajo tiene por base la ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), con objeto de poder dar una explicación detallada de los asuntos a tratar y siempre que sea necesario se hará cita a los artículos la LOPSRM o fracciones de los mismos.

La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal;

III. La Procuraduría General de la República;

IV. Los organismos descentralizados;

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno federal o una entidad paraestatal, y

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V de la ley de Coordinación Fiscal.

ORIGENES DE LA LICITACION PUBLICA EN MEXICO Y EL MUNDO

El origen de la palabra licitación es un hecho difícil de describir, licitar en su sentido etimológico es sinónimo de subastar, y este término viene de los árabes, cuando vendían “subhasta”: bajo el asta o lanza para significar que nada se ocultaba y que nadie podría sospechar o criticar el contrato negociado (Rondina, 1993, citado en López, 1999).

Existe evidencia de que la licitación fue utilizada en tiempos remotos por los chinos, encontrándosela legislada en el Código de Hammurabi.

Lo cierto es que el procedimiento de la licitación pública, como medio de celebrar los contratos en que interviene el Estado, fue conocido en el derecho romano (Maynz, 1887, citado en López, 1999). Desde las primeras épocas los bienes adquiridos por el Estado, ya sea por conquista (el botín de guerra), ya en virtud de la condenación criminal de un ciudadano, ya en fin por el derecho de herencia, se vendían públicamente, a los mejores ofertantes. A este tipo de ventas se les conocía como Bonorum sectio o venditio. Llevaba también el nombre de subhastatio, de la lanza (hasta), símbolo de la propiedad de los quírites. En el lugar donde iba a verificarse la venta, se plantaba un hasta (Guillén, 1980, citado en López, 1999), arma guerrera y a la vez insignia real. De ahí deriva el término de subasta con que, en muchos países de lengua castellana se designa al procedimiento de la licitación (López, 1999).

Más tarde se generalizó el régimen de la venta en asta pública, debiendo verificarse en esas condiciones todas las ventas de bienes fiscales. Así lo establecía el Código de Justiniano, en su capítulo “De subhastatione ob publique rationis necessitatem” (Justiniani, 1782, citado por López, 1999).

EL ESTADO Y LAS LICITACIONES

El desempeño diario de la vida política se encuentra sometido a un orden fundamental, a una norma suprema que da la pauta a todas las actividades, a esta disposición superior le nombramos Constitución. Es esta carta magna quien provee de órganos al Estado, quien se manifiesta como una figura jurídica que está en una situación de verificar o realizar fines que le son propios y que se conocen en conjunto como administración.

Sin la existencia de procesos sistematizados y de procedimientos la administración no se puede llevar a cabo es a través de ellos que los individuos, grupos de trabajo, estructuras orgánicas tienen una interacción.

Definiciones usadas en el desarrollo de la obra pública

A continuación se presenta una lista con la definición de conceptos que serán de enunciación frecuente en el texto, siempre que se refiera a estos y salvo que se indique otra cosa hablaremos de lo siguiente:

Secretaria: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Contraloría: La Secretaria de de contraloría y Desarrollo Administrativo

Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, alebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no l celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos sumen compromisos.

Ley: La Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Reglamento: Reglamento de La Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Proyecto: Unidad de actividades de cualquier naturaleza, que requiere para su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de recursos humanos, económicos y materiales, aplicados con el fin de obtener de estos, en un período de tiempo mayor, un beneficio adicional al que se obtendría con su empleo actual.

Principios de la licitación pública

Este conjunto de objetivos debieran provocar que se alcancen los principios de publicidad, competencia, igualdad y moralidad administrativa obteniendo los mejores resultados tanto para la administración como para el privado. Dichos principios son:

Tabla 3 Principios de la licitación pública

Publicidad

La licitación es publicitada tanto para conocimiento de los eventuales participantes como para el público en general

Competencia

La competencia se favorece cuando no se restringe la participación en las licitaciones

Igualdad

Todos los licitantes deben ser tratados con las reglas comunes que se aplican de forma pareja

Moralidad administrativa

La administración es responsable de todo el proceso de licitación

Publicidad en las licitaciones públicas

El principio de la publicidad implica la posibilidad de que los interesados estén enterados de todo lo relativo acerca de la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; este principio parte del texto constitucional (artículo 134) y se desarrolla en la propia ley (artículo 30).